Medellín está envejeciendo. Mientras la población mayor de 60 años ya alcanza un 16 por ciento, los que superan los 50 años son el 30 por ciento de sus habitantes, es decir 763.936 personas, y en el caso de niños y niñas menores de 14 años, la cifra disminuye.
Si bien no hemos alcanzado cifras alarmantes, como es el caso de Europa, donde 1 de cada 5 personas es mayor de 65 años y el crecimiento poblacional depende de la migración y no de nacimientos. Allí se padece más de soledad que de pobreza.
Mientras que hoy, Medellín, está asistiendo a una revolución demográfica silenciosa. Las cifras indican que vamos camino a un cambio estructural poblacional y eso exige una mirada diferente de ciudad y de atención integral a la población mayor. Los viejos serán quienes estarán expuestos a condiciones de pobreza y vulnerabilidad por falta de recursos económicos y de atención adecuada.
Y no es para menos. La Misión Colombia Envejece asegura que para el año 2050 sólo el 15 por ciento de la población en edad de jubilarse contará con una pensión, con brechas marcadas entre hombres (18 por ciento) y mujeres (13 por ciento). Es decir, uno de cada 10 trabajadores en Colombia alcanzará una pensión, y además, las mujeres mayores serán las más pobres porque en su gran mayoría no alcanzarán este beneficio.
Esto implica que la situación y condición de la población de personas mayores, que en 2018 es de cerca 430.000, requiere de un análisis juicioso que permita ofrecer y diseñar estrategias decididas y claras para impactar la vida de estas personas de manera positiva en las próximas décadas. Esta población, que cada día crecerá más, al igual que sus necesidades, exige construir nuevas alternativas que permitan garantizar sus derechos y ampliar la cobertura en servicios de salud, recreación e inclusión laboral.
La población mayor de 60 años sufre de múltiples exclusiones y vulneraciones a sus derechos fundamentales y la ciudad, aunque ha hecho esfuerzos, sigue siendo agreste y violenta para con ellos. Menos de la sexta parte de los Centros de Bienestar, de los 323 que existen, logran ser auditados por sanidad y medidas de seguridad. A ello se suma la llegada de cientos de emigrantes venezolanos; y de otras personas procedentes de diferentes zonas del país que acrecientan la problemática y exige una mirada integral que incluya cobertura en servicios y mitigue los impactos que los nuevos habitantes traerán consigo a la economía y el desarrollo de la ciudad.
Aunque ya entró en vigencia la Ley 1850 de 2017, que penaliza el abandono de personas mayores, son muchos los casos que se presentan, pero no se denuncian. Por otra parte, según los datos de la Secretaría de Seguridad, de la Alcaldía de Medellín, la violencia intrafamiliar afecta en un 73 por ciento más a las mujeres mayores que a los hombres.
Por ello es importante que la mirada sobre este tema de ciudad no sólo se haga bajo la perspectiva del riesgo y de la vulneración, sino también desde el enfoque de derechos, de las capacidades y potencialidades de esta población que también tienen un enorme potencial para aportar a la construcción de una ciudad más justa, equitativa y democrática.
De igual manera, si bien es urgente diseñar y crear estrategias, programas y políticas públicas que garanticen cubrir los requerimientos de la población más vulnerable y con dificultades evidentes en su vejez, también es fundamental enfocarse en aquellas que, independiente de su condición socioeconómica, puedan vincularse en proyectos que potencien sus habilidades, sus conocimientos y sus saberes.
Se trata de diseñar programas que permitan que estas personas mayores acompañen a otros de su misma edad, y en estado de vulnerabilidad, así como a otros grupos poblacionales (niños y jóvenes) en diversos escenarios tales como la escuela y los espacios lúdicos y deportivos.
La ciudad somos todos y las personas mayores son más que el estereotipo de sujetos acabados y agotados, son portadores de sabiduría y tienen energía suficiente para aportarle a la transformación de la ciudad.
